
Desde el Salón Sol del Perú, del Palacio de Miraflores, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró el acto de instalación de la Comisión para la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal
Esta iniciativa surge como respuesta al compromiso asumido el pasado 19 de abril y busca una reestructuración profunda del sistema legal venezolano bajo una visión humanista, preventiva y de equidad.
Por tanto, es relevante destacar que esta reforma es una prioridad de Estado basado en la nueva política que se fundamenta en cinco pilares estratégicos para reformular el abordaje penal y social en el país, tales como:

Consulta Nacional Multidisciplinaria: Integración de diversos sectores para reformar no solo el ámbito penal, sino también el civil, mercantil y social.
Lucha contra la Impunidad: Una reforma profunda orientada a erradicar la corrupción dentro del sistema judicial.
Justicia Restaurativa: Promoción de alternativas a la justicia penal tradicional para fomentar la convivencia pacífica.
Humanización del Sistema: Implementación de mecanismos alternativos a la privación de libertad y flexibilización de procesos.
Cultura de Paz: Consolidación de una nueva etapa política basada en el diálogo y la convivencia democrática.
La actividad contó con la presencia de las máximas autoridades de los Poderes Públicos, incluyendo a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional; Caryslia Rodríguez, presidenta del TSJ; Larry Devoe, fiscal general de la República; y Eglée González Lobato, defensora del Pueblo.
Asimismo, se destacó la participación del Gabinete Ejecutivo, liderado por el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, junto a ministros y representantes del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, coordinado por Ernesto Villegas y con la participación de figuras como Feliciano Reyna.

Por otra parte, el sector académico, que también estuvo presente a través de los decanos de las facultades de Derecho de la Universidad de Los Andes (ULA), La Universidad del Zulia (LUZ) y la Universidad Santa María, junto a los asesores como el profesor Alberto Arteaga Sánchez.
En este sentido, es importante subrayar que la instalación de esta Comisión marca el inicio de un despliegue nacional que, a través del capítulo de justicia del Programa de Convivencia, revisará casos específicos y avanzará hacia un modelo judicial más efectivo, eficaz y, sobre todo, humano.
T/Prensa Presidencial

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